Derechohabientes del ISSSTE solicitan al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís conocer el estado de las investigaciones por los presuntos delitos contra el patrimonio del mismo, las cuales se realizan a partir de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado.
En rueda de prensa José Luis Anzores, Víctor Manuel García Ruvalcaba, Elisa Faya y Graciela Montoya, quienes se identificaron como derechohabientes de las Instituciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila., señalaron que en este asunto se habla de una cantidad de mil 300 millones de pesos en perjuicio de instituciones como la Dirección de Pensiones, Fondo de la Vivienda, Servicio Médico y Seguro, por lo cual la ASE presentó en el año 2016 las denuncias penales relativas a las cuentas públicas del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.
Las cantidades en números redondos al presunto daño al patrimonio de cada institución son: 424 millones de pesos al Instituto de Servicio Médico, 646 millones de pesos al Fondo de la Vivienda, 120 millones de pesos al Seguro y 108 millones de pesos a la Dirección de Pensiones.
Ante el lento proceso, el grupo de inconformes informaron además de algunas acciones que llevarán a cabo para buscar una solución a esta problemática.
Como primera acción efectuarán una campaña informativa en todo el estado, con la que se quiere llegar a todas a las escuelas a través de las redes sociales.
La segunda acción será pedir la intervención del Congreso Local y como tercera y última regresarán a Saltillo a solicitar al gobernador una respuesta a sus peticiones.
