El gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 3 de febrero un memorándum de la Casa Blanca que puso en efecto la Ley de Producción de Defensa de 1950, una ley federal de guerra que prioriza la producción total de sus industrias para consumo interno del país. Lo anterior confrontó al gobierno con compañías como 3M, líder en la producción de cubrebocas N95 con certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por su sigla en inglés), que aún exportaba a otros mercados internacionales; asperezas económicas internas que pronto encontraron salidas no muy amables. Por su parte, en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte ordenó que únicamente las fábricas necesarias para ayudar al bienestar del país podrían continuar con su cadena de producción durante la pandemia. En ambos casos el gobierno hizo valer las necesidades del estado para brindar bienestar y seguridad al pueblo.
En el caso de México estamos en una encrucijada comercial y médica, sin definición gubernamental. La falta de previsión estratégica frente al coronavirus, que bien podría haberse planificado hace cuatro meses, tanto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como de Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, además del accionar constreñido (políticamente subyugado) del subsecretario Hugo López-Gatell, y el negligente desempeño del director del IMSS, Zoé Robledo (y podríamos sumar aquí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín), han puesto contra la pared al sistema médico del país, que cuenta con instalaciones en caída libre, con personal médico agotado y sin las herramientas necesarias y obligadas para hacer frente a la pandemia, situación ante la que ya no se puede blandir como argumento de defensa que se heredó un sistema médico en ruinas. El pasado ha quedado atrás.
La herramienta primordial para atender la emergencia médica del momento es el ventilador mecánico que ayuda a los pacientes con fallas respiratorias a contar con el oxígeno necesario, además de ayudar a la eliminación del dióxido de carbono y mantener el ritmo adecuado de respiración del paciente; en pocas palabras es un asistente que salva vidas, sobre todo la de aquellos con baja actividad pulmonar ocasionada hoy por el coronavirus. En nuestro país existen alrededor de 5 mil respiradores artificiales, según un informe que presentó López Obrador en su conferencia mañanera del 24 de marzo; no obstante, en otras cifras que podemos leer en las diapositivas de sus conferencias, contabilizamos 8,228 ventiladores artificiales distribuidos entre hospitales de alta especialidad, IMSS, ISSSTE, Pemex, y otros centros médicos estatales. Se necesitarían por los menos 10 mil ventiladores más para enfrentar la pandemia, los cuales fueron solicitados, muy amablemente, por el presidente mexicano a su su homólogo estadounidense quien, en este momento, consume toda la producción médica manufacturada en las maquiladoras de Tijuana.
Ante este panorama surgen los siguientes cuestionamientos: ¿por qué ante la pandemia el gobierno de México no reaccionó con previsión como lo hicieron otros países, de manera proteccionista, preocupados por el bienestar de su población? ¿Por qué aún en el mes de febrero, cuando la pandemia ya mostraba sus estragos en el mundo, México continuaba vendiendo sus producción médica a otros países como China (a quien por cierto se le pagarán más de 56 millones de dólares para abastecernos de materiales clínicos)? ¿Por qué el gobierno mexicano no se protegió e hizo las negociaciones pertinentes con las maquiladoras mexicanas para abastecerse de los insumos necesarios para enfrentar la pandemia, a sabiendas de que México es uno de los principales exportadores internacionales de estos productos? La respuesta es sencilla y obvia: hubo negligencia por parte del Estado y, por falta de previsión, tal vez no existía partida presupuestaria para enfrentar la crisis, sino hasta mucho tiempo después cuando la pandemia era inminente. Tristemente, a México no le sirve de nada ser potencia exportadora.
El no tan inesperado foco rojo de la frontera norte
Jaime Bonilla Valdez, el polémico gobernador de Baja California, enfrenta un desafío sin precedentes que pareciera ser un castigo divino, por sus procederes políticos de los últimos dos años. El estado afronta una crisis por la pandemia que tiene justo a Tijuana como el foco rojo que los medios internacionales han comenzado a reportar. Y uno de los problemas fundamentales de la región es la falta de productos de protección personal (PPEs, por su sigla en inglés) para el cuerpo médico, además de la escasez de ventiladores, lo cual torna risible la situación por la zona geográfica comercial del caos. Además, las acciones de Bonilla lo confrontan con el IMSS (juguete preciado del presidente Obrador), al contradecir, exponer y atacar a la delegada de la institución en el estado Desirée Sagarnaga Durante, que tampoco hace su parte como líder en tiempos de crisis, ante las peticiones de auxilio de los médicos que laboran en la región.
El doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, en conversación para Confabulario vía telefónica el sábado 11 de abril, comentaba que, hasta ese momento, en la entidad se contaba con 101 ventiladores artificiales, a los cuales se sumaban 8 más enviados por el INSABI de los más de 30 solicitados. Al ser cuestionado sobre por qué no se habían adquirido más respiradores de las fábricas de la entidad, comentó que en el estado no se fabricaban las máquinas al cien por ciento, sino que únicamente se manufacturaban aditamentos que se ensamblaban en otras partes del mundo. Además, aseguró que desde hace tres meses, digamos que al mismo ritmo del gobierno federal, se habían tomado las medidas necesarias para afrontar la pandemia, lo cual no se refleja ante los hechos y el caos generado ya en el Hospital General de Tijuana. No obstante, comentó que sí había una fábrica, cuyo nombre no podía hacer público y que estaba en los mejores términos para donar parte de su producción al estado.
Un par de días antes, charlamos con Miguel Ángel Larre, vocero del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien confirmó la existencia de una fábrica de ventiladores artificiales a la cual se le había hecho un exhorto para donar parte de su producción al estado, pero sin un porcentaje fijo, y que dependería de la “buena fe” de la empresa, de la cual tampoco podía revelar el nombre. También nos confirmó que aún había centenares de trabajadores de la industria maquiladora que seguían laborando y que solo la empresa estaría en condiciones de decidir cuándo se detendría su producción, sin injerencia del municipio.
Desde principios del mes de abril, Jaime Bonilla entró en conflicto con el Clúster de Productos Médicos de Tijuana, además de otras industrias maquiladoras de la zona, clausurando a todas aquellas que no fueran consideradas esenciales por este momento de emergencia. Lo que buscaba en realidad era ejercer presión sobre la compañía Smiths Healthcare Manufacturing, especializada en la fabricación de ventiladores para obligarla a venderle parte de su producción al estado. No obstante era imposible ya que las empresas médicas estaban accediendo a las demandas del mercado estadounidese, dejando a la región en el desamparo total, y técnicamente no están obligadas a vender sus productos a nuestro país.
Si bien la empresa accedió, sin comprometerse, a dejar parte de su producción en Baja California, lo cual permitió que ésta continuara con sus operaciones, dichas acciones generaron de inmediato reacciones negativas por parte del conglomerado del corporativo de la empresa con sede en el Reino Unido. Tanto Smiths Healthcare Manufacturing como las fábricas estadounidenses Integer, Medtronic, Nypro y Hill-Rom (que sí manufactura al cien por ciento ventiladores artificiales como el Life2000 y que pensaba trasladar su producción a Tijuana desde otros países), empresas que presionó el gobierno del estado, operan regidas por el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que depende de la Secretaría de Economía y su titular Graciela Márquez Colín (habría valido la pena escuchar su voz para saber cómo ayudaría a eliminar las trabas legales que arriesgan a los mexicanos).
Lo anterior implica que: “el gobierno autoriza a que se dé el proceso industrial de manufacturar, maquilar o brindar servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importados temporalmente, para su posterior retorno al extranjero”. Esto tiene su fundamento en el Decreto IMMEX publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de noviembre de 2006. En pocas palabras, una empresa perteneciente a este programa que venda sus productos en suelo mexicano puede incurrir en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero debido a que no tributaría a favor del Estado. Queremos creer que esta es la razón ingenua por la cual la federación no se acercó al clúster de Baja California para negociar, aunque el Estado pudo haber puesto las reglas sobre la mesa ante la emergencia, como lo hicieron otros países, lo cual nos lleva a cuestionarnos si se priorizó la actividad económica por encima de la salud de la ciudadanía.
o queda claro si el gobierno de la república es incapaz de hacer uso de su poder para modificar todos los candados propios de la burocracia que han frenado la adquisición de los materiales médicos que nos ayudarían como país a sobrellevar la pandemia. Continuamos, con desilusión, siendo un país que depende de la caridad de los otros, como en la reciente negociación
de la OPEP. La mejor imagen de México que puede representarnos ante el mundo es la de un personaje en camisa de fuerza, que sonríe maniatado sin saber qué hacer.
Cuatro meses eran suficientes para ejecutar una estrategia inteligente de prevención que nos ayudara a enfrentar la pandemia con total efectividad, pero para nuestra desgracia el coronavirus no es un programa social que beneficie a nadie.
Fuente: EL UNIVERSAL (Con información de Sara Cantera)
