Ayer por la tarde la Secretaría de Energía publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Nación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía y con el que se pone freno al crecimiento y operación de energías renovables.
El acuerdo deberá entrar en vigor este sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguran, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, no se dejó en claro si el acuerdo se sometió al proceso de mejora regulatoria, indicada por el titular de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa, que demostraría las consecuencias de las nuevas reglas en el sector.
Al respecto, la embajada de Canadá y la delegación de la Unión Europea en México alertaron sobre el freno a las inversiones privadas en energía renovable en el país, ambas representaciones extranjeras enviaron cartas a Rocío Nahle, secretaria de Energía, para advertir que el documento establece acciones y estrategias de control operativo que ponen en riesgo la continuidad de proyectos de energías renovables.
En el caso de las empresas canadienses, están en riesgo inversiones por 450 millones de dólares, indicó ese país. La Unión Europea prevé afectaciones a 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, lo que impactaría negativamente inversiones por seis mil 400 millones de dólares.
El acuerdo establece pruebas y limitantes para autorizar nuevas centrales de generación de energías alternativas, como la eólica y fotovoltaica. La Secretaría de Gobernación había frenado esta acción con el argumento de que el documento no contaba con un análisis de impacto regulatorio emitido por la autoridad correspondiente, en este caso la Conamer.
Y en este contexto, César Hernández dio a conocer su renuncia como titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
El portavoz de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, califica la medida de “grave”. “Hay un deterioro en la certidumbre del cumplimiento de la legalidad, del respeto a los contratos”, dice. Fuentes de una de las líderes del sector consideran la acción del Cenace como un “ataque” aunque, aseguran, ya lo veían venir tras una serie de cambios emprendidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la producción energética del sector privado. Paradójicamente, parte de este suministro va destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía paraestatal con quien muchas privadas tienen contratos.
