El Colectivo #NoMásDerroches denunció que el Poder Ejecutivo federal decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo el proyecto del aeropuerto civil internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía (AISL).
Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoquen los amparos y suspensiones definitivas del proyecto, concedidas a favor del Colectivo, de acuerdo con un comunicado difundido por éste último.
“La suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”, indicó la Sedena.
El colectivo argumenta que el aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años y se encuentra en operación y funcionamiento con toda regularidad, por lo que lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
“Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”.
El colectivo considera que, de revocarse dicha suspensión, “se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario”.
En el comunicado se argumenta que esta acción “generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos”.
