La Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Economía y Justicia las iniciativas que el presidente de la República envió al Congreso para su discusión y eventual aprobación.
La Ley General de Mejora Regulatoria, enviada a la Comisión de Economía, plantea la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, un observatorio ciudadano y una estrategia en la materia que permitan homologar trámites en el país, reducir costos de regulación y detectar malas prácticas.
Entre sus objetivos está propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica en el que se supriman las excesivas cargas regulatorias; garantizar la creación de reglas claras y brindar certeza jurídica a los ciudadanos y a los sectores de desarrollo.
Argumenta que la excesiva regulación no permite que las empresas más productivas desarrollen su potencialidad.
La iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias busca la creación de Instituciones especializadas en los poderes judiciales y entidades federativas y un Consejo Nacional que delimiten el proceder de arreglos en conflictos entre particulares.
Será aplicable en conflictos en materia civil, familiar, administrativa y en zonas comunitarias, quedando excluidas controversias en materia fiscal.
Por último, la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante establece que cada municipio o demarcación territorial operará una estructura con un juez, secretario, defensor de oficio, médicos, policías y un facilitador a fin de “conservar la paz social y el orden público”.
La normativa homologa bases que guiarán el desarrollo de la actuación de los juzgados cívicos con el objetivo que la justicia y la cultura cívica sean eficaces.
Además, cada estado contará con una base de datos con las personas sancionadas, ya sea por amonestaciones, multas, arrestos y servicios a favor de la comunidad.
