Una red de funcionarios de Quintana Roo ligada a Roberto Borge ayudó al ex Gobernador a despojar a empresarios de 44 hoteles y 19 terrenos de playa en Tulum cuyo valor supera los 615 millones de dólares
Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero; Gustavo Efraín Chan Camaal, juez primero civil de Playa del Carmen, y Carlos Lima Carbajal, director del Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con la Asociación de Colonos Hoteleros Turístico Ecológico Pino Suárez, afectados por los desalojos.
Además, acusan a la actuaria María Elena Anaya Reyes, quien con policías ejecutaba los desalojos.
Esta serie de irregularidades, según los afectados, fue originada por Hernán Zetina Albertos, notario público 33 de Mérida, Yucatán, quien autorizó un fideicomiso y subdivisión del predio de playa mediante escrituras ilegales que emanan de un decreto presidencial no existente a nombre de Antonio González Avilés desde el sexenio de Miguel Alemán.
La agrupación, que aglutina a los propietarios despojados, denunció los hechos ante la PGR y señaló que esa red operó con órdenes judiciales y documentos falsos.
En junio pasado, REFORMA dio a conocer que 17 hoteles -algunos de ellos con huéspedes- y 3 predios de playa fueron desalojados con violencia por policías locales y un grupo de choque con base en una orden judicial emitida mediante un juicio oral ilegal en Playa del Carmen que se basó en contratos falsificados.
Pese a que los litigios son largos, posesionarios de los 44 hoteles despojados en Tulum confiaron en que las autoridades darán razón a sus denuncias para recuperar sus propiedades.
“Todos los amparos son eternos, los expedientes se llenan de quejas y quejas y quejas y cochupos, cochupos y más cochupos”, lamentó Eddie Villa Real, representante de la Asociación de Colonos Hoteleros Turísticos Ecológicos de Pino Suárez A.C., que aglutina a los posesionarios despojados.
La asociación documentó que los desalojos tuvieron como base órdenes judiciales derivadas de documentos falsos y falsificación de contratos de arrendamiento con terceros.
“Para acabarla los jueces están pidiendo fianzas de 500 mil, 60 mil o un millón de pesos. ¿Dónde creen que la gente va a poder pagar? Entonces lo que se busca es una estrategia más eficaz, más rápida, para se pueda devolver a todos sus legítimas posesiones”.
Villa Real confió en que el nuevo Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, revise el tema de los despojos.
“Está el Gobernador y sus funcionarios consternados por lo que Borge y sus secuaces hicieron y están apoyándonos para encontrar un sistema o trámites o lo más rápidos posibles en la nueva ley para devolver la posesión de los hoteles a los legítimos propietarios que tenían 20 años de posesión”, manifestó.
“El Gobernador no puede creer esto, que con documentos falsos se despoje a una persona de su propiedad”.
La historia de despojos de hoteles en Tulum comenzó desde 2008 con el desalojo -con un juicio de arrendamiento falso- del hotel Ocho Tulum de un ciudadano estadounidense identificado como John N. Murphy y con valor de 25 millones de dólares.
Otro hotel despojado a través del mismo método, mediante un juicio civil en Sinaloa, fue el Casa Magna, que perteneció al capo colombiano Pablo Escobar, con un valor de 50 millones de dólares.
Borge enfrenta denuncias por manejos irregulares durante su Gobierno en Quintana Roo, donde presuntamente dejó un desfalco por 25 mil millones de pesos.
Aparte, el Gobierno de Joaquín González realiza una investigación sobre los viajes millonarios que su antecesor, Roberto Borge hizo al extranjero en algunos de ellos acompañado por su actual pareja sentimental, la ex diputada del Partido Verde Gabriela Medrano.
La indagatoria pretende establecer los excesos con cargo al erario público en los que el ex Mandatario presuntamente incurrió en viajes que realizó a distintos países europeos, la mayoría de las veces con el pretexto de incentivar la actividad turística hacia el Estado.
