Ante los diferentes filtros y retenes que se han establecido en diferentes partes del país, la Secretaría de Gobernación llamó a los gobiernos estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la contingencia a causa del virus SARS-CoV2 (Covid-19).
“La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías. Por ello, las autoridades que apliquen medidas que restrinjan derechos ante la pandemia, deben asegurarse que tienen competencia explícita para hacerlo y que las medidas sean proporcionales para evitar incurrir en actos de abuso de autoridad, que violan derechos y suelen tener un efecto desproporcional sobre grupos excluidos o históricamente discriminados”, señaló la dependencia federal.
A través de un estudio elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Segob criticó el establecimiento de un “toque de queda” en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
También criticó que el gobierno de Sonora haya ordenado el programa “Quédate en casa obligatorio fase 2”, facultando a las corporaciones policiales a arrestar con uso de la fuerza pública a las personas en caso de no respetar la medida. También mostró preocupación sobre el “toque de queda” en ciertos horarios que se implantó en 11 municipios.
Los gobiernos de Michoacán y Jalisco decretaron el aislamiento obligatorio, señalando sanciones como multas, arrestos y trabajo comunitario a la persona que lo incumpla, “lo que puede llevar al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública”, advirtió la Segob.
En tanto, cuestionó que los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de fronteras entre sus estados con el uso de retenes y el control estricto de los 21 puentes fronterizos entre sus entidades con Estados Unidos.
Asimismo, la Segob criticó que en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia, lo que equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.
