Según medios estatales, documentos gubernamentales y algunos expertos, Pekín se ha dedicado a recopilar información que ahora está dispersa en distintas dependencias gubernamentales y asociaciones industriales (como resoluciones judiciales, datos de nómina, registros ambientales, violaciones a derechos de autor, e incluso cuántos empleados pertenecen al Partido Comunista) con el fin de utilizarla para calificar a las empresas y los funcionarios que las dirigen.
Si las empresas obtienen una calificación baja, puede prohibirles obtener préstamos o realizar otras tareas esenciales. En cuanto a sus propietarios o funcionarios, sus cuentas bancarias pueden quedar congeladas, o quizá incluso se les prohíba viajar.
El sistema no solo se aplica a las empresas chinas. Algunos funcionarios han enviado cartas en las que advierten a empresas como United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines que podrían darles calificaciones negativas si no acceden a las peticiones de Pekín. FedEx corre el riesgo de recibir un castigo similar.
El término que se ha adoptado en China para designar este sistema es “crédito social”. Los dirigentes chinos esperaban lanzar el próximo año un ambicioso programa nacional dedicado a castigar o recompensar a las personas. Su objetivo era reproducir el sistema de calificación de crédito que se utiliza comúnmente en Estados Unidos y otros países, además de reprimir conductas dentro del país, donde la ejecución de las leyes no es homogénea.
Algunos libertarios civiles advirtieron que ese sistema sería como un Gran Hermano digital capaz de entrometerse en todos los aspectos de la vida cotidiana en China. De cualquier forma, todavía no se aplica a personas individuales a escala masiva.
Sin embargo, para muchas empresas, el crédito social ya es una realidad. En septiembre, la agencia central de planeación económica de China anunció que había concluido la primera evaluación de 33 millones de empresas, y otorgó calificaciones en una escala de 1, para las de excelente desempeño, a 4, para las de mal desempeño.
China espera que se convierta en una herramienta regulatoria aplicable en todo su territorio, gracias a las crecientes capacidades del país en macrodatos y automatización, para ayudar al Partido Comunista a mantener a raya al mundo empresarial.
