La CNDH emitió las medidas cautelares luego que las víctimas le presentaran un escrito el lunes, horas antes de presentar un informe sobre espionaje a una docena de periodistas y activistas a través del programa Pegasus, vendido por la empresa israelí NSO Group a agencias gubernamentales.
La Comisión pidió a diversas dependencias federales de seguridad, como la Sedena, Semar, Segob y PGR, que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro similar, se abstengan de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. O en caso de ya haber obtenido información, abstenerse de utilizarla y difundirla.
“Si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial”. “Por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”, recordó la Comisión.
Por otro lado, La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Gobierno federal investigar el espionaje político a la vida privada de un adolescente de 16 años, debido a la labor periodística de su madre, Carmen Aristegui.
“Es totalmente inaceptable que la persecución política de periodistas o defensores de derechos humanos alcance a sus hijas e hijos”. Para Redim esto demuestra una falta de claridad en los objetivos de quienes están a cargo de los servicios de inteligencia del país.
